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Migración desde Venezuela: oportunidades para América Latina y el Caribe — estrategia regional de integración socioeconómica

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Resumen Ejecutivo

Contexto

Desde 2015, más de 5.4 millones de personas tuvieron que dejar su país como resultado de la crisis económica, social y política que enfrenta Venezuela. Alrededor del 85% se desplazó a otro país de América Latina y el Caribe (ALC). Esta cifra, que no incluye a cientos de miles de personas retornadas, la convierte en la crisis migratoria de mayor gravedad en la historia de la región.

En numerosas ocasiones, los países de destino ven a las personas refugiadas y migrantes como una carga que afecta la prestación de servicios públicos y la balanza fiscal nacional y local. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que las personas migrantes, incluidas las refugiadas, también contribuyen con el desarrollo de los países de acogida (OECD-ILO, 2018).

Convertir a la migración en un factor de desarrollo sostenible requiere que las autoridades públicas, tanto en el nivel local como nacional, promuevan la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante.

¿Por qué una Estrategia regional de integración socioeconómica?

Mientras que la ayuda humanitaria busca satisfacer las necesidades básicas de la población refugiada y migrante, en particular la alimentación, la salud y la vivienda, una Estrategia regional de integración económica se propone convertir a sus destinatarios en los promotores de su propia subsistencia, al fomentar su inclusión sostenible en las comunidades de acogida y su contribución a las economías locales.

¿A quién se dirige?

La Estrategia regional se dirige a los principales países de acogida de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela; en particular, a las instituciones gubernamentales que tienen algún grado de competencia en la integración socioeconómica de esta población y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, con el ánimo de promover el diálogo social alrededor de este ámbito.

Los países participantes del Proceso de Quito identificaron a la integración socioeconómica como uno de los ejes prioritarios de su agenda de trabajo. Además, el Plan Regional de Respuesta para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela (RMRP, 2020), diseñado en el marco de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), incluye la integración socioeconómica y cultural entre sus cuatro ejes de acción prioritarios.

Objetivos de la Estrategia regional

La Estrategia regional está orientada hacia la formulación de respuestas concretas para cumplir tres objetivos:

  1. Reducir los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de personas refugiadas y otros migrantes provenientes de Venezuela.

  2. Maximizar la contribución de esta población a las economías de los países receptores.

  3. Promover la cohesión social, gracias a iniciativas que beneficien también a las comunidades de acogida.

Ejes prioritarios de la Estrategia regional

La Estrategia regional se inscribe en un marco de mediano y largo plazo, porque reconoce que la mayoría de las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela van a establecerse por varios años y que la única opción viable para que contribuyan al desarrollo sostenible de sus países de acogida es promover la integración socioeconómica y la convivencia ciudadana. Se fundamenta en las normas internacionales del trabajo y en la normativa internacional de derechos humanos.

Con este objetivo, la Estrategia se articula en siete ejes prioritarios:

i. Regularización y caracterización de la población proveniente de Venezuela: plantea flexibilizar y agilizar los procesos de regularización e identificación de población migrante y retornada, y realizar estudios sobre su perfil demográfico y socioeconómico.

ii. Formación profesional y reconocimiento de títulos y competencias: busca promover la formación profesional y la convalidación de títulos en la región, para impulsar la inclusión laboral.

iii. Promoción de empleo: planea fomentar el acceso y la eficiencia de programas y plataformas de intermediación laboral, impulsar la empleabilidad de personas refugiadas y migrantes, y adoptar medidas para la transición a la economía formal.

iv. Emprendimiento y desarrollo empresarial: contempla la integración de personas migrantes y refugiadas a programas de emprendimiento sostenible y cadenas de valor, así como impulsar el autoempleo.

v. Inclusión financiera: propone facilitar el acceso a servicios financieros en países de acogida, promover la educación financiera y adaptar la oferta bancaria a las necesidades de la población migrante y refugiada.

vi. Acceso a la protección social, plantea la elaboración de una hoja de ruta para promover un piso de protección social regional y una campaña de difusión de información sobre acceso a seguridad social.

vii. Cohesión social: prevé el diseño de programas de fortalecimiento institucional y campañas de sensibilización para combatir la discriminación y la xenofobia.

Reforzar los mecanismos de cooperación regional en materia de integración socioeconómica de personas refugiadas y migrantes en sus comunidades de acogida

Hasta ahora, la respuesta de los gobiernos latinoamericanos y caribeños a la crisis migratoria venezolana se direccionó más a la acción nacional que a la regional, aunque el Proceso de Quito persigue esta última. Por ello, es clave que los países de la región logren reforzar los mecanismos de cooperación y adopten e implementen políticas verdaderamente regionales, en particular en materia de integración socioeconómica para la población refugiada y migrante que proviene de Venezuela, así como para las comunidades de acogida.

Para la implementación exitosa de los siete ejes anteriormente expuestos, es clave que los países de la región logren reforzar los mecanismos de cooperación y adopten políticas regionales. La Estrategia regional sugiere cómo desarrollar e implementar dichas iniciativas regionales, enfocándose en las áreas de:

i. Movilidad humana y regularización: mejor cooperación en el manejo de los flujos migratorios en el nivel regional y adopción de mecanismos concertados de regularización para facilitar la movilidad humana intrarregional y la integración socioeconómica.

ii. Reconocimiento mutuo de títulos y competencias: cuando una persona, cualquier sea su nacionalidad o estatus migratorio, convalide un título técnico o académico en uno de los países de la región o certifique sus competencias laborales, este reconocimiento será válido en los otros países de la región.

iii. Intermediación laboral: la cooperación regional en materia de intermediación laboral implica que se compartan tanto las bases de datos sobre las vacantes de empleo en cada país como aquellas sobre la población que busca empleo, incluidas las personas refugiadas y migrantes.

iv. Protección social: extensión de los acuerdos subregionales y promoción de la coordinación entre legislaciones nacionales de seguridad social, para garantizar el acceso de las personas trabajadoras migrantes y sus familias a los sistemas nacionales de protección social, y reforzar el sistema de portabilidad de los derechos.

Este tipo de iniciativas permitirá contribuir con una mejor respuesta a las necesidades de protección e inclusión de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el nivel regional, en un contexto agravado por la crisis de COVID-19. También contribuirá con el logro de los objetivos del Proceso de Quito.